San Juan  -  Puerto Rico

BLOG DE INGRID M. VILA BIAGGI


17 de febrero de 2016

Moratoria y soberanía

La semana pasada participé en un foro sobre las realidades que enfrenta Puerto Rico y la necesidad y posibilidad de cambios.  Quisiera, pues, retomar algunos de los temas que a mi entender no se abordaron con la profundidad que ameritan y quedaron en el tintero.

Está más que claro que somos una colonia subordinada a los intereses y decisiones del Congreso y que el gobierno de Puerto Rico no cuenta con autoridad suficiente para salir de la crisis que nos arropa, y que tampoco tiene autoridad suficiente para impedir que nos impongan desde el Congreso lo que desde allí entiendan que mejor defiende los intereses de los bonistas. Ante esta situación el tema del estatus y el liderato que puedan ejercer las fuerzas políticas toman un rol protagónico en la discusión. A la vez hay que reconocer que el tema del estatus no resuelve el problema inmediato de falta de flujo de efectivo en el gobierno para atender sus obligaciones. Por ende, aquí la agenda tiene que poder mover varios temas a la vez.

En primera instancia hay que exigir a la Asamblea Legislativa que legisle una moratoria en el pago de la deuda. Esto no es caer en el impago ni es la reestructuración. La moratoria es un aplazamiento y es consistente con la décima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y con el poder de autogobierno conferido a los puertorriqueños por parte del Congreso al aprobar nuestra Constitución. El gobierno no puede quedarse de brazos cruzados esperando a que el Congreso decida sobre el Capítulo 9 de la ley de quiebras federal. La Asamblea Legislativa está facultada a actuar bajo su poder de razón (police powers) y bajo el ejercicio de discreción que le confiere nuestra Constitución en su Artículo 2, Sección 19.

En función de esta discreción y del poder de razón, Puerto Rico puede suspender derechos contractuales cuando existe una amenaza al bienestar, la seguridad y la salud pública. Según los propios documentos oficiales del gobierno, en los próximos seis meses se tienen que hacer pagos al servicio de la deuda ascendentes a $2,900 millones y en los próximos cuatro años se tendrá que pagar otros $14,000 millones más. Las proyecciones poblacionales muestran un descenso consistente: seremos muchos menos los que tendremos que cargar con este servicio de la deuda.

Además, ya se sabe que no se está pagando a suplidores y entidades que proveen servicios esenciales a la ciudadanía, incluyendo servicios de salud y de educación. Esto a su vez se traduce en que hay empleados de estas entidades que no están recibiendo paga por el trabajo que realizan, lo que les impide cumplir con sus obligaciones en el pago de sus casas, de luz y de agua y otras necesidades básicas. La angustia que están viviendo muchos puertorriqueños es real. Esto es claramente ya una situación de emergencia y la decisión es si se paga a los bonistas o se paga al puertorriqueño y la puertorriqueña trabajadora para que puedan vivir con dignidad. Para mí la respuesta es obvia.

Existe precedente a nivel de los estados en declaraciones de moratoria que han superado retos en corte. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha utilizado dos pruebas cuando ha enfrentado casos de moratoria: el efecto de la moratoria en los derechos de las partes afectadas y la existencia de una emergencia real. Se debe poder probar que Puerto Rico enfrenta una emergencia real y que la moratoria no elimina la obligación contractual, sino que la modifica.

Con esta moratoria declarada el gobierno podrá contar por lo menos con la totalidad de los ingresos que recauda para atender las necesidades apremiantes del país en tanto se mueve a una negociación que logre una reducción real en el monto de la deuda; no una reducción cosmética como la que se ha acordado en la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin la moratoria o sin acceso a un mecanismo de quiebras, las negociaciones de reestructuración no tienen el agarre necesario para conseguir concesiones significativas. De la mano de esto, el gobierno tiene que invertir en hacer más eficiente y moderno el aparato gubernamental y más efectivos los servicios a la ciudadanía.

A la vez se tiene que comenzar a atender con coherencia y urgencia el tema del estatus. Si el país no quiere continuar subordinado como está ahora, sin capacidad para resolver nuestro propio problema, pues tenemos que procurar un estatus que así nos lo permita. Cualquier persona intelectualmente honesta puede ver que las únicas alternativas reales y consistentes con el derecho internacional y con la Constitución de los Estados Unidos son la soberanía, con “S” mayúscula, o la estadidad. No es posible lograr ser una nación soberana dentro de la Constitución de los Estados Unidos: no es posible que exista un país soberano dentro de otro país soberano. Por eso me parece una contradicción absoluta cuando escucho a quienes quieren reclamar soberanía dentro del arreglo del Estado Libre Asociado. Dentro de la cláusula territorial, como estamos ahora, no es posible; y fuera de la cláusula territorial es posible, pero no es el E.L.A.

¿Y dónde queda entonces esta soberanía? Pues queda justo donde ubica la independencia. La pregunta entonces es ¿por qué, ante la crisis que enfrentamos, el PIP no ha recibido un apoyo abrumador de todos aquellos que entienden que Puerto Rico debe aspirar a ser soberano? Por una parte hay que reconocer que la persecución, el atropello, el carpeteo y los asesinatos de los que ha sido víctima el independentismo en este país han sembrado miedo y, como consecuencia, renuencia del público general. Como se mencionó en el foro, es un logro en sí que el independentismo todavía exista como fuerza en Puerto Rico, cuando han tratado de enterrarlo vivo en tantas ocasiones. Todo esto hay que reconocerlo y estipularlo.

Pero el independentismo puede honrar el sacrificio de todos aquellos en su pasado forjando y ampliando su base en el presente. Para muestra podemos observar los avances de la comunidad LGBTT, también marginada, oprimida y perseguida pero con capacidad de renovar y crear entusiasmo y apoyo de amplios sectores de la sociedad. El problema es que el Partido Independentista Puertorriqueño, al igual que el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, está atorado con un ancla que no le permite renovarse y proponer un nuevo futuro. Los tres continúan con las mismas propuestas y discursos de hace treinta o cuarenta años. Los partidos tienen que ser lugares vivos que propicien y hagan atractivo el que la gente se una y los apoye. En la diversidad es que pueden encontrar soluciones novedosas a los problemas.

Puerto Rico debe aspirar a ser un estado soberano. No es un asunto de pasiones sino de una conclusión intelectual y razonable. El apasionamiento tiene sus límites a la hora de lograr convencer; al entendimiento es más difícil derrotarlo. Por esto creo que resulta imprescindible un cambio de paradigma en el discurso público sobre la soberanía-independencia.

Tenemos que dibujar lo que significaría ser un estado soberano en blanco y negro; de lo contrario permanece como una aspiración abstracta con la cual se nos hace difícil relacionarnos. Por ejemplo, como estado soberano es como único se puede garantizar la eliminación de las leyes de cabotaje, lo que a su vez redundaría en una reducción en precios de importación de combustible (y por ende una posible reducción en el precio de la luz) y una reducción en los costos de importación de alimentos y productos de consumo. Como estado soberano es como único podemos garantizar que a nadie en Puerto Rico se le aplique la pena de muerte y como único podemos asegurar que las leyes de protección ambiental se ajusten a nuestras necesidades y aspiraciones. Como estado soberano es como único podríamos considerar adoptar otros modelos de gobierno que permitan mayor representatividad como el sistema parlamentario y como único podríamos ponerle fin al inversionismo político, práctica adherida al modus operandi político estadounidense. Como estado soberano es como único podríamos ofrecer protección y preferencia a nuestros comercios y empresas locales, sin los límites impuestos por la cláusula de comercio interestatal. Ser un estado soberano no significa desvincularse de los Estados Unidos. El estado soberano no significa aislamiento. Al revés, aislamiento del mundo es lo que tenemos ahora.

Hay que revisar experiencias como la de los Marshall Islands que son estados soberanos que en su momento estuvieron bajo un régimen internacional de administración fiduciaria (Trusteeship) bajo la tutela de los Estados Unidos y que ahora retienen acuerdos bilaterales con la nación norteamericana. Acuerdos que definen aportaciones monetarias del gobierno federal para el desarrollo de su economía, para la educación y la salud.  Si lugares como los Marshall Islands, que no eran ciudadanos estadounidenses, lograron negociar el que sus habitantes pudieran tener entrada libre y derecho a trabajar y estudiar en los Estados Unidos sin límite de tiempo, nosotros como ciudadanos estadounidenses definitivamente podemos aspirar a un trato de mutuo beneficio. Pero es imprescindible salir del ámbito de control del Congreso que está fuera de la intervención y supervisión internacional y, por ende, se presta para todo tipo de abuso, y entrar en un trato de relaciones exteriores con los Estados Unidos bajo el amparo del derecho internacional.

Puerto Rico, como país soberano, debe buscar retener una relación y una conversación con Estados Unidos. Pero debe procurar una conversación con el país norteamericano que se formó de la diversidad, con el país de luchas de Martin Luther King y las luchas feministas. Con el país de la diáspora, con el melting pot que se da en universidades y en la sociedad urbana. No con el país que viola derechos humanos, que tiene todavía encarcelado a Oscar López, que bombardeó a Vieques y arrastra los pies para atender la crisis fiscal de la cual también es responsable.

El cambio de estatus tiene que darse por conducto de una transición bajo un modelo de supervisión internacional en el que Estados Unidos tenga que resarcir los daños y abusos ocasionados al pueblo de Puerto Rico por los pasados 117 años a través de un fondo de $300 billones para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico (el rescate del sector financiero fue de $700 billones); y en el que Estados Unidos tenga que cumplir unas metas de reducción de desempleo, reducción de desigualdad entre otros indicadores socioeconómicos, en un periodo definido y previo a entrar en ese nuevo estatus.

Este es el tipo de planteamiento que deberíamos estar discutiendo, cuestionando, reflexionando: escudriñar y delinear los detalles de cómo podría funcionar un estado soberano; los requisitos para una transición efectiva; una comparativa entre el ofrecimiento estadista versus el del estado soberano. Pero los partidos políticos y sus integrantes no quieren entrar a deliberar sobre estos asuntos. Ponen nuevos candidatos y hacen ajustes a ciertos detalles, pero se les hace imposible trascender.

Puerto Rico puede cambiar, pero el cambio no iniciará por los partidos políticos. De la misma manera que la lucha por sacar la Marina de Vieques, la lucha de la comunidad LGBTT, la lucha por la liberación de Oscar López, la lucha contra las cenizas en Humacao y Peñuelas, la lucha por el dragado del Caño Martín Peña, la lucha en contra del gasoducto y del incinerador, entre tantas otras, la iniciaron comunidades, sectores, grupos; así mismo tenemos que emprender esta lucha ambiciosa por el futuro de nuestro país. La capacidad política existe, solo tenemos que reconocerla y comenzar a entrelazar esfuerzos.